Italia: la protesta bajo sospecha reabre el debate sobre el espacio cívico y la tecnovigilancia

El 24 de octubre de 2026, la primera aplicación masiva del nuevo decreto de seguridad italiano se saldó con 4.292 personas identificadas y 371 trasladadas a comisaría, 110 de ellas menores. No era un hecho aislado. En diciembre de 2025, ‘CIVICUS Monitor’ había degradado el espacio cívico italiano de «restringido» a «obstruido»; ARCI recogió esa alerta en su informe europeo de 2026, y Amnistía Internacional, FIDH, OMCT y Civic Space Watch coinciden en documentar un endurecimiento legislativo y policial que afecta al derecho de protesta, la libertad de expresión y la participación ciudadana. La pregunta trasciende Italia: ¿hasta dónde puede restringirse la protesta en nombre del orden público, narrativas «preparacionistas», sin debilitar aún más la democracia?

Los hechos no suceden en el vacío: la vigilancia como marco europeo

El endurecimiento italiano no es un caso aislado. Desde hace al menos dos años, organismos europeos vienen documentando cómo los gobiernos amplían sus poderes de vigilancia y los aplican contra quienes protestan. El informe de 2026 del ‘European Civic Forum’, en su capítulo sobre vigilancia generalizada, señala a Italia junto a Finlandia, Francia, Países Bajos y España como países donde se han usado herramientas de vigilancia contra activistas, periodistas y organizaciones sociales, y advierte de un efecto menos visible pero igual de eficaz: la disuasión. Quien se sabe observado, protesta menos.

La misma idea recorre el estudio de Amnistía Internacional de 2024 sobre el derecho de protesta en 21 países europeos, que documenta cámaras, drones y reconocimiento facial aplicados a manifestantes. Y la OSCE, en un informe de octubre de 2026 sobre vigilancia de concentraciones pacíficas, describe cómo las tecnologías digitales permiten identificar, seguir y monitorizar a quienes participan en una marcha. La ‘Agencia de Derechos Fundamentales de la UE’ añade el dato que quizá más debería inquietar: un 29 % de las personas encuestadas dijo que sería menos proclive a manifestarse si se usara reconocimiento facial. Lo excepcional, advierte la agencia, tiende a convertirse en práctica habitual.

Al otro lado del Atlántico, el patrón se repite con otros actores. Una investigación de ‘Amnistía Internacional’ y ‘STOP’ basada en más de 2.700 documentos del Departamento de Policía de Nueva York documentó el uso de reconocimiento facial para identificar manifestantes y personas críticas con la actuación policial. Human Rights Watch describió en junio de 2026 la vigilancia de manifestantes y observadores por agentes federales en Minnesota, con aplicaciones de identificación biométrica y sistemas de matrículas. Y varios casos muestran un problema de fondo: la tecnología contratada puede escapar al control de quien la contrata. En Eugene y Cambridge, cámaras siguieron activas después de que los municipios pidieran desactivarlas; en Boston, un sistema compartió datos pese a que el contrato lo prohibía; en San Francisco, una auditoría reveló cientos de consultas indebidas de datos de matrículas por parte de organismos federales (véase el apartado «Tecnovigilancia y securitización», al final).

La prevención del delito no puede convertirse en una justificación ilimitada para extender la vigilancia de la ciudadanía, normalizar mecanismos de control social o impulsar sistemas de inteligencia artificial capaces de anticipar, predecir o incluso señalar como potencialmente peligrosas a personas por comportamientos que todavía no constituyen delito. O el perfilado de la población en este sentido. No podemos aceptar que la lógica de la ficción del pre-crimen se convierta en una práctica de las instituciones públicas.

Detención preventiva: la sospecha basta

Ya lo avanzábamos en la entradilla del artículo. CIVICUS Monitor rebajó en diciembre de 2025 la calificación del espacio cívico italiano de «Narrowed» (restringido) a «Obstructed» (obstruido), alertando de un deterioro de las condiciones para el ejercicio de las libertades civiles bajo el Gobierno de Giorgia Meloni. La decisión no responde a un episodio aislado. Esa evolución tiene un patrón: ampliación de facultades policiales, penas más duras por desobediencia civil, vigilancia de activistas y restricciones a las movilizaciones. ARCI la describe como una aceleración en los dos últimos años, con especial incidencia sobre los movimientos de justicia social y climática, solidaridad con Palestina, derecho a la vivienda y participación democrática. El decreto de octubre de 2026, aprobado tras los disturbios de Milán, es su episodio más reciente. Meloni, Milei, y Trump… Todos tienen una «eme» al principio … o en medio …

La aprobación de nuevas disposiciones de seguridad en octubre de 2026, tras los graves disturbios registrados en Milán, constituye un nuevo episodio de esta evolución. El decreto introduce nuevas figuras penales y amplía las posibilidades de intervención policial preventiva, incluyendo medidas que afectan a menores de edad. También contempla sanciones para determinados comportamientos violentos cometidos colectivamente y nuevas restricciones sobre personas consideradas susceptibles de alterar el orden público. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la amplitud de estas facultades y por el riesgo de que terminen afectando también a personas que ejercen pacíficamente sus derechos.

El 3 de noviembre, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, iniciativa conjunta de FIDH y OMCT, junto con la Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, advirtió de que las nuevas disposiciones pueden comprometer el derecho de reunión pacífica y las garantías específicas que deben proteger a los menores.

La aplicación del decreto: 371 personas trasladadas a comisaría

El 24 de octubre, durante la primera aplicación de las nuevas medidas a gran escala, las autoridades italianas identificaron a 4.292 personas y trasladaron a dependencias policiales a 371. Entre ellas había 110 menores, según los datos del Ministerio del Interior publicados por la prensa.

Los testimonios recogidos por El País y las solicitudes de asistencia recibidas por la plataforma Hub for Defenders, impulsada por Amnistía Internacional Italia y ARCI, plantean interrogantes sobre las garantías de información, comunicación con familiares y asistencia durante estas retenciones.

La preocupación no consiste en negar la obligación del Estado de actuar ante delitos, agresiones o destrucción de bienes. Consiste en garantizar que las medidas preventivas no se conviertan en instrumentos de intimidación, castigo anticipado o disuasión de la participación ciudadana.

Francia e Italia: conflictos sociales que no deben confundirse

En Francia, la crisis social viene de largo: sucesivas reducciones del gasto social en los Presupuestos del Estado la explican en clave económica, con el añadido de un trasfondo social y postcolonial que no se nombra y se arrastra por generaciones.

Las recientes movilizaciones en Francia tienen entre sus principales causas el coste de la vida, los salarios, las dificultades de acceso a la vivienda, la financiación de la enseñanza y el deterioro de determinados servicios públicos y prestaciones sociales. Es la lectura que hacen los propios sindicatos y los manifestantes consultados por los medios: la «carestía de la vida» y la pérdida de poder adquisitivo desde al menos 2008 (y para algunos académicos desde los años 90 del XX), son el detonante inmediato por acumulación.

Existe, sin embargo, un trasfondo que recorre la sociedad francesa desde hace décadas y que late bajo esta protesta sin ser su eje central: la integración social de las generaciones descendientes de la inmigración postcolonial. Los datos del instituto demográfico francés (INED) muestran una realidad incómoda: los hijos y nietos de inmigrantes del Magreb y del África subsahariana se sienten mayoritariamente franceses, pero siguen enfrentándose a niveles de discriminación muy superiores a los de la población de origen europeo, especialmente en el acceso al empleo, la vivienda y la educación. Esa distancia entre la pertenencia declarada y el trato recibido es un malestar de fondo que no explica por sí solo las protestas actuales, pero que forma parte del clima social que las hace posibles. No es el objeto de esta información entrar en ese laberinto; baste señalarlo como un factor estructural que ningún gobierno francés ha resuelto.

Lo que sí es verificable y urgente es la dimensión inmediata de la protesta: las cifras de participación, las demandas sindicales y la respuesta violenta del Estado; todo ello cuando, en origen, se trata de reivindicaciones vinculadas estrictamente a las condiciones materiales de vida y a un profundo malestar sobre las prioridades económicas del país pensadas por/para las élites.

La financiarización de la vivienda constituye otro elemento relevante del estallido social en Francia. Estudios académicos sobre la región metropolitana de París y un reciente informe del Parlamento Europeo sobre la especulación inmobiliaria en la Unión Europea documentan el creciente peso de los inversores institucionales y de los propietarios corporativos en el mercado residencial.

La vivienda no puede contemplarse exclusivamente como un activo de inversión —un refugio pasivo de capital, un bien que puede permanecer desocupado o actuar como colateral para otras operaciones—. Es también un bien esencial, una condición para la autonomía personal y un elemento fundamental de cohesión social. Nada de ello justifica la violencia, los saqueos, las agresiones a personas ni la destrucción de bienes públicos o privados. Pero tampoco permite reducir las causas del malestar social a un problema de orden público.

Aunque Francia e Italia responden a dinámicas internas distintas, ambas comparten el mismo retroceso en sus libertades civiles. En la práctica, se está desmantelando el contrato social y reescribiendo el futuro del 80 % de la población a espaldas del debate ciudadano. La salida a esta crisis exige que las instituciones dejen de tratar el conflicto como un simple problema de orden público, atiendan sus causas sociales y garanticen los derechos fundamentales.

La violencia no es una alternativa a la justicia

La defensa del derecho de manifestación no supone justificar la violencia. Ninguna reivindicación legitima las agresiones, el saqueo, la intimidación o la destrucción indiscriminada. Nadie lo discute, pero también hay evidencia sobrada de grupos ultras y otros orquestados para reventar manifestaciones como «VLOCUS» en el caso de España este Otoño. ¿Su modus operandi? Una red sin andamiaje ideológico cuyo único fin es el pillaje quirúrgico. Provocan el asalto coordinado y el saqueo a comercios de lujo vampirizando cualquier protesta urbana, valiéndose para ello de un alarmante caladero de menores de edad.

Del mismo modo, la lucha contra la violencia por parte de las Autoridades y Fuerzas del Orden Publico, no puede convertirse en una autorización general para restringir derechos, criminalizar la protesta pacífica o anticipar la culpabilidad de quienes participan en una movilización.

El derecho de reunión, la libertad de expresión y la participación política son garantías fundamentales de cualquier sociedad democrática. Su protección no depende de que las reivindicaciones ciudadanas sean cómodas para los gobiernos ni de que las protestas transcurran siempre sin incidentes.

Las instituciones tienen la obligación de proteger a las personas, investigar los delitos y garantizar la seguridad. También tienen la obligación de respetar la legalidad, la proporcionalidad y las garantías individuales.

Una democracia no se defiende debilitando sus libertades

Europa conoce demasiado bien las consecuencias históricas de sustituir el diálogo, la justicia y las garantías institucionales por la confrontación, la imposición y la violencia, procedan estas de las masas o de quienes concentran el poder. Los 2.000 años de experiencia histórica deberían hacernos especialmente prudentes ante cualquier intento de presentar la restricción de las libertades como una solución sencilla a problemas sociales complejos.

La democracia no consiste únicamente en votar periódicamente. Consiste también en poder discrepar, reunirse, manifestarse, expresarse libremente y exigir responsabilidades a quienes gobiernan. Pero, sobre todo, consiste en que la ciudadanía pueda hacer llegar a los poderes públicos y al Gobierno de turno su desacuerdo con las decisiones que afectan al interés general, con sus prioridades políticas y presupuestarias, la forma en que se administran y auditan los recursos de la Nación.

Porque el buen gobierno no puede medirse exclusivamente por los indicadores económicos, la rentabilidad de las inversiones o los intereses de quienes concentran el capital. Debe medirse, ante todo, por su capacidad para garantizar el bienestar colectivo, la igualdad de oportunidades y unas condiciones de vida justas para el conjunto de la población.

El riesgo del actual modelo es que el Estado acabe convertido en el garante de un circuito cerrado que asegura que, de la cuna a la tumba, la existencia ciudadana funcione como un yacimiento de capital extractivo para el uno por ciento superior. Una élite financiera atrapada en la paradoja de una acumulación por desposesión tan agresiva que, al angostar la base social de la que se nutre, se queda sin mercados reales, burbujas de crédito ni nuevos espacios que colonizar donde poder aplicar su propio excedente.

Conviene recordar que la riqueza de un país no la generan únicamente quienes invierten o poseen grandes corporaciones, o enormes fondos privados o soberanos. La sostienen, de manera fundamental, las personas que trabajan, producen, prestan servicios, cuidan, enseñan y mantienen en funcionamiento la sociedad. Es decir, las clases trabajadoras, cuya contribución económica y social debe tener un reflejo efectivo en las prioridades de los presupuestos públicos y en las decisiones de gobierno.

No resulta aceptable que los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, incluidas aquellas que desarrollan una parte sustancial de su actividad y facturación en un país, pero trasladan su tributación a otras jurisdicciones, terminen teniendo más capacidad de influencia sobre las decisiones públicas que la ciudadanía que vive, trabaja y contribuye al sostenimiento de ese mismo país.

La democracia exige, por tanto, que el poder económico no sustituya a la soberanía ciudadana, que el interés privado no se confunda con el interés general y que quienes gobiernan sigan respondiendo ante la sociedad y no únicamente ante los mercados o los grandes centros de inversión.

La seguridad y la libertad no son objetivos incompatibles. La justicia social y el orden democrático tampoco, pero en ambos temas hay que sentarse a hablar y llegar a nuevos acuerdos y equilibrios. Estamos en el XXI, y ya el primer cuarto de Siglo quemado en guerras y dinamicas sociales aparcadas, vamos con retraso.

Por eso, defender las libertades civiles no significa defender la violencia ni amparar a quienes cometen delitos. Significa defender un principio mucho más importante: que ninguna sociedad democrática debe renunciar a sus garantías fundamentales precisamente cuando más necesita utilizarlas.

Condenamos igualmente a quienes, amparándose en el anonimato o en la multitud, aprovechan las movilizaciones ciudadanas para desvirtuar sus reivindicaciones, provocar enfrentamientos, reventar las protestas pacíficas o entregarse al pillaje, la intimidación y la violencia gratuita. Ya sea por iniciativa propia o mediante actuaciones organizadas y alentadas desde otros ámbitos, estas conductas perjudican a la ciudadanía, desacreditan las causas que dicen acompañar y proporcionan argumentos para justificar respuestas represivas indiscriminadas.

Quienes cometen agresiones, saqueos o actos de vandalismo deben responder individualmente por sus actos, conforme a la ley. Pero su comportamiento no puede utilizarse para atribuir una culpabilidad colectiva a quienes ejercen legítimamente su derecho a manifestarse, ni para restringir de manera general las libertades de reunión, expresión y participación política.

La democracia, sus fuerzas y cuerpos de seguridad y el conjunto de las instituciones del Estado deben saber distinguir entre protesta y violencia, entre disenso y delito. Confundirlos deliberadamente, o tratarlos como si fueran lo mismo, constituye también una forma de deteriorar el espacio cívico.

Existe, además, otro riesgo que merece atención: que los conflictos sociales se conviertan en la coartada perfecta para expandir un lucrativo mercado de la securitización. Bajo el argumento de prevenir el delito, corporaciones proveedoras de videovigilancia urbana, reconocimiento facial e inteligencia artificial encuentran en la demanda institucional —y en una narrativa mediática que casi las reclama— un caladero en constante crecimiento. El peligro radica en que estos dispositivos, desplegados inicialmente para situaciones excepcionales, terminen normalizando una infraestructura de control permanente; tecnologías donde todo se registra, todo se cruza y cuya capacidad de observación se extiende mucho más allá de los límites que justificaron su implantación.

No se trata de demonizar unas tecnologías que, utilizadas legalmente y con garantías, pueden contribuir a proteger a las personas o facilitar investigaciones policiales. Pero sería ingenuo creer que un dispositivo tan poderoso, envuelto además en una narrativa que lo presenta como solución a casi todo, se va a quedar en ese uso virtuoso. Todo se registra, y todo ese registro acaba siendo tratado con sistemas de inteligencia artificial. De lo que se trata es de impedir que su implantación se convierta en una política de vigilancia permanente, sin límites suficientemente claros, sin transparencia, sin control independiente y sin garantías efectivas para la ciudadanía.

La pregunta democrática no es solamente cuántas cámaras necesita una ciudad para sentirse más segura, sino quién decide instalarlas, con qué fundamento, qué información recogen, quién accede a ella, durante cuánto tiempo se conserva y qué mecanismos impiden que esos sistemas terminen utilizándose contra quienes ejercen legítimamente sus derechos; y dónde acaba toda esa información ya tratada e interrelacionada.

Una sociedad democrática debe proteger a sus ciudadanos, no convertirlos en sospechosos permanentes. La seguridad pública debe estar al servicio de las personas y sometida al Estado de derecho, nunca al revés.

Defender el espacio cívico exige medidas concretas: revisar las figuras penales ambiguas; someter la detención preventiva a límites estrictos y control judicial; garantizar que los menores reciban información, asistencia letrada y comunicación inmediata con sus familias; publicar datos desagregados sobre identificaciones y retenciones; formar a las fuerzas de seguridad en gestión de protestas; y abrir espacios de diálogo sobre las causas sociales del malestar. No son concesiones a la violencia, sino condiciones para que la seguridad no sustituya al derecho.

No podemos permitir que el miedo a la violencia termine convirtiéndose en un modelo de sociedad basado en la vigilancia permanente, ni que la seguridad de las ciudades se confunda con el control permanente de quienes las habitan.

La salida a esta encrucijada no vendrá de algoritmos predictivos ni de decretos de excepción, sino de recuperar la centralidad de lo humano: la dignidad de las condiciones materiales de vida y la inviolable libertad de encontrarse, disentir y construir en común.

No podemos permitir que el miedo a la violencia termine convirtiéndose en un modelo de sociedad basado en la vigilancia permanente, ni que la seguridad de las ciudades se confunda con el control permanente de quienes las habitan.

Fuente: pressenza.com